- En estos hechos se señala la posible participación de servidores públicos municipales.
Por: Citlali Medellín
Una investigación judicial reveló la existencia de una presunta red dedicada al despojo y adjudicación irregular de predios en este municipio, hechos que habrían ocurrido durante la administración de la exalcaldesa Erika Saab Lara.
De acuerdo con las indagatorias, mediante la supuesta falsificación de resoluciones judiciales y el uso de mecanismos municipales, se habría realizado un esquema para escriturar de manera irregular 101 terrenos, beneficiando presuntamente a familiares de la exedil, funcionarios cercanos y personas vinculadas políticamente.
La operación habría sido ejecutada en dos etapas, entre los años 2023 y 2024, utilizando como argumento un programa de regularización de vivienda, el cual presuntamente habría sido empleado como vía para la apropiación indebida de predios en San Felipe Orizatlán.
Durante 2023, se habría concretado la primera fase con la regularización de 39 terrenos mediante la Notaría Pública Número 3 de Zacualtipán de Ángeles. Según la investigación, para ello se utilizaron documentos apócrifos relacionados con juicios de “Información Testimonial Ad-Perpetuam”, haciendo uso indebido del nombre del Juzgado Segundo Civil y Familiar de Huejutla.
En estos hechos también se señala la posible participación de servidores públicos municipales, entre ellos Juan Fernando Lara Balderas, quien en ese momento se desempeñaba como director de Obras Públicas y habría validado avalúos catastrales.
Asimismo, Stefany Montserrat Valencia Elizundia, entonces funcionaria estatal del área de Tenencia de la Tierra, habría intervenido en trámites de inscripción gratuita ante el Registro Público de Huejutla.
Entre los presuntos beneficiarios de los primeros predios aparecen Iris Gabriela Saab, hermana de la exalcaldesa; Víctor Manuel Favela Saab, sobrino de la exfuncionaria; Obdulia del Rosal Flores, directora de Recaudación municipal, así como el exalcalde panista Raúl Valdivia Castillo.
Posteriormente, antes de finalizar el periodo de gobierno de Erika Saab en 2024, se habría intentado repetir el procedimiento con otros 62 predios a través de la Notaría Pública Número 1 de Ixmiquilpan. Sin embargo, el Instituto de la Función Registral detectó inconsistencias y determinó que las sentencias presentadas nuevamente carecían de validez.
Por estos acontecimientos, autoridades judiciales de Hidalgo iniciaron una carpeta de investigación, derivando en la vinculación a proceso de la notaría titular Marcela “N” y del notario adscrito Juan Carlos “N”, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con la presunta falsificación de documentos.
El caso forma parte de las investigaciones que mantiene la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo sobre posibles irregularidades en diversas notarías relacionadas con operaciones inmobiliarias.
