- Omar García Harfuch informó cateos en 10 inmuebles de Hidalgo y señaló operación delictiva en Tepeji del Río, Tula y Atotonilco de Tula.
Por: Redacción
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que en Hidalgo fueron cateados 10 inmuebles como parte de un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de seguridad Hidalgo como parte de las investigaciones federales contra el contrabando y robo de combustible.
Durante conferencia de prensa este miércoles, el funcionario explicó que, tras siete meses de trabajos de inteligencia e investigación, se logró identificar una estructura criminal dedicada a la extracción, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, particularmente gas LP, mediante empresas fachada y redes financieras para ocultar el origen ilícito de los recursos.
En el caso con impacto directo en Hidalgo, Harfuch detalló que se ejecutaron 20 órdenes de cateo, 10 en el Estado de México y 10 más en territorio hidalguense.
En esas acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas Mauricio N., señalado como líder del grupo, así como operadores financieros, administradores y colaboradores clave vinculados con la operación de gaseras y el traslado del combustible robado.
Explicó que esa célula delictiva mantenía presencia en municipios hidalguenses como Tepeji del Río, Tula de Allende y Atotonilco de Tula, además de puntos del Estado de México.



Las autoridades estiman que la red tenía capacidad para extraer hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región.
Como parte del aseguramiento, las autoridades decomisaron más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, armamento, droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo y diversos inmuebles utilizados para las actividades ilícitas. Además, fue clausurada una toma clandestina relacionada con esta operación.
Harfuch añadió que las indagatorias de la FGR, en coordinación con instancias federales de seguridad, permitieron desarticular una de las redes más importantes del mercado ilícito de combustibles en el país, con afectaciones directas a su capacidad operativa y financiera.

