- EDICIÓN 84
Por Astillas
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Tal parece que la Semot es mejor evidenciando los errores de los demás y lanzando comunicados que en arreglar el problema de raíz en Hidalgo. Tres accidentes este fin de semana donde estuvieron involucradas unidades de transporte público tanto en Pachuca como en la Huasteca hidalguense, lo que deja en evidencia que el problema no era la tarifa, si no lo que se viene diciendo tiempo atrás: falta de mano dura hacia los choferes irresponsables que gozan de impunidad por parte de la autoridad que, además, no les ofrece capacitación adecuada.
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Dicen que ya es muy evidente cómo la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García Cázares, es un cero a la izquierda ante las actitudes de ciertos personajes como Ana Mireya Noguez Garrido, quien ordena qué hacer y qué no hacer, al igual que el secretario municipal Luis Edmundo Aguilar Aranda, señalan además que están coludidos y ahora buscan llevarse el botín de la feria de Los Angelitos sin que nadie los pare y evite su trato prepotente.
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Cuando una ceremonia de graduación del CECyTEH Tizayuca termina marcada por un presunto desencuentro entre autoridades educativas y municipales, el mensaje que recibe la comunidad es poco alentador. Si la directora Leticia Cuatepotzo impidió que Adriana Ángeles Quezada, representante de la alcaldesa Gretchen Atilano, ocupara un lugar en el presídium, ambas instancias quedaron a deber en materia de diálogo e institucionalidad. Los eventos escolares deben reconocer el esfuerzo de estudiantes, no ser escenario de diferencias entre funcionarios.
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Un intento de robo y los daños ocasionados en la Iglesia de la Sagrada Familia, en San Javier, Pachuca, son un recordatorio de que la delincuencia sigue afectando espacios que forman parte del patrimonio y la vida comunitaria. Quienes cometen estos actos demuestran un absoluto desprecio por los bienes y la tranquilidad de la sociedad, mientras que las autoridades municipales deben reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta para evitar que hechos como este se repitan.
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Reforzar la preparación de quienes participan en el Sistema Penal Acusatorio siempre será una inversión en favor de la ciudadanía. El impulso que Rebeca Aladro ha dado a la capacitación especializada refleja que una justicia más eficiente y respetuosa de los derechos humanos también depende de contar con profesionales mejor preparados para enfrentar los retos actuales.
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