- El ayuntamiento revisa el altercado ocurrido tras una sesión de Cabildo por la feria de la colonia 11 de Julio.
Por Sandra Salazar
El gobierno municipal de Mineral de la Reforma analiza presentar acciones legales contra la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Marlene Puertas Ramírez, tras el altercado ocurrido al término de la sesión de Cabildo del pasado lunes, relacionado con un conflicto por la organización de la Feria de la colonia 11 de Julio.
Durante la conferencia mensual de seguridad, el alcalde Eduardo Medécigo Rubio informó que el área jurídica revisa lo sucedido luego de que una elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presuntamente resultó agredida durante la intervención policial realizada dentro de la presidencia municipal.
De acuerdo con la versión de las autoridades, el incidente comenzó cuando Raúl “N” ingresó al recinto para exigir que le fuera devuelta la organización de las festividades de la colonia.
El gobierno municipal señaló que el hombre contaba con medidas de restricción vigentes derivadas de denuncias previas por amenazas, por lo que una de las personas involucradas solicitó la presencia de la policía.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Alberto Trejo Terrazas, sostuvo que los elementos actuaron conforme a protocolo y negó que existiera uso excesivo de la fuerza.
Explicó que el hombre se negó a retirarse del lugar y opuso resistencia, lo que derivó en su aseguramiento junto con otra persona que presuntamente agredió a policías durante el operativo.
Medécigo afirmó que durante la intervención la regidora panista cuestionó la actuación de los elementos y se involucró en el incidente. Incluso señaló que algunos actores políticos han intentado utilizar el caso para generar confrontación y sacar provecho mediático de los hechos.
Por su parte, dirigentes y representantes del PAN han denunciado un presunto exceso policial durante la detención, mientras que el gobierno municipal sostiene que la actuación estuvo justificada por la existencia de medidas de protección vigentes y por la solicitud expresa de las personas que se consideraban afectadas.
El caso continúa bajo revisión y será el área jurídica del ayuntamiento la que determine si existen elementos suficientes para iniciar algún procedimiento legal contra la integrante del Cabildo.
