- REY ENIGMA
Por: Luis Fernando Reyes
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de volver obligatorios los pagos digitales en casetas y gasolineras durante 2026 abre una discusión de fondo sobre el tipo de modernización que necesita México: una que agilice operaciones y reduzca el uso del efectivo, sí, pero que no deje fuera a millones de personas que todavía dependen de él para moverse y consumir. El anuncio fue hecho en la 89 Convención Bancaria, donde también se planteó fortalecer herramientas como CoDi y DiMo para empujar la digitalización de pagos en el país.
En lo personal, estoy a favor de la medida, porque puede representar un paso importante hacia una economía más ordenada, más rápida y con mayor trazabilidad. En casetas, por ejemplo, el cobro digital puede disminuir tiempos de espera; en gasolineras, puede facilitar pagos y reducir manejo de efectivo. Además, la digitalización también puede ayudar a combatir ciertas prácticas irregulares, mejorar controles administrativos y ampliar el uso de instrumentos financieros formales.
Sin embargo, apoyar la idea no significa respaldarla a ciegas. El principal problema es que, hasta ahora, lo anunciado públicamente es una meta política y operativa, pero no se conocen con claridad los lineamientos de aplicación, los plazos exactos, los esquemas de excepción ni las condiciones para usuarios y comercios. Esa falta de detalle importa, porque una política pública de esta dimensión no puede evaluarse solo por su intención, sino por la forma en que se implementa.
El reto más evidente es la brecha de inclusión financiera y digital. Aunque el uso de pagos electrónicos ha crecido en México, el efectivo sigue siendo central en la vida cotidiana. La ENIF 2024 reportó que, para compras mayores a 500 pesos, el efectivo siguió siendo el medio de pago más frecuente en buena parte del país; además, solo 45.5 por ciento de la población consideró que en casi todos o todos los negocios donde compra aceptan pagos con tarjeta o transferencias. Más aún: únicamente 38 por ciento de la población conocía CoDi y, de quienes lo conocían, apenas 12.8 por ciento lo usó; en DiMo, el conocimiento fue de 18.5 por ciento y su uso, de 6.8 por ciento entre quienes sabían de la herramienta.
Es decir, el discurso oficial apunta a una digitalización acelerada, pero la realidad muestra que el país todavía arrastra desigualdades territoriales, tecnológicas y bancarias. No es lo mismo pensar esta medida desde una gran ciudad con alta cobertura bancaria y conectividad, que desde regiones donde fallan la señal, el internet móvil o incluso la aceptación de terminales de cobro. Una obligación nacional, aplicada sin distinguir contextos, puede terminar castigando más a las periferias que modernizando al sistema.
Entre los pros de la medida está la posibilidad de hacer más eficientes los cobros, disminuir riesgos por traslado de efectivo, facilitar la conciliación de pagos y abrir la puerta a una economía más transparente. También puede incentivar la adopción de medios digitales y acelerar la bancarización de ciertos sectores. En teoría, además, reducir filas en casetas y formalizar operaciones en estaciones de servicio podría traducirse en beneficios para usuarios, empresas y autoridades.
Pero los contras son igual de serios. Obligar sin construir condiciones previas puede generar exclusión para personas sin tarjeta, sin smartphone, sin datos móviles o sin cuenta bancaria. También están los riesgos operativos: fallas en terminales, caídas del sistema, cargos no reconocidos, problemas de conectividad y dependencia de plataformas financieras para servicios básicos de movilidad. En un país donde el efectivo sigue siendo dominante en amplios sectores, la transición no puede hacerse como si todos partieran del mismo punto.
Por eso, si la medida quiere ser viable y socialmente justa, necesita al menos tres cosas. La primera, lineamientos claros de operación: dónde empezará, en qué etapas, con qué excepciones y qué mecanismos alternos existirán cuando falle el sistema. La segunda, incentivos reales: reducción o eliminación de comisiones, instalación de infraestructura sin costos excesivos para los negocios, beneficios fiscales o financieros para quienes adopten el esquema y campañas masivas de educación financiera. La tercera, una aplicación gradual, con pilotos, evaluación y correcciones, antes de imponer una obligación total.
En ese sentido, el fondo de la propuesta parece correcto, pero su éxito dependerá menos del anuncio político y más del diseño institucional. México sí necesita avanzar hacia más pagos digitales, pero no a partir de una lógica de imposición desnuda, sino de construcción de capacidades. Digitalizar no debe ser sinónimo de desplazar; modernizar no debe implicar excluir.
Mi postura, entonces, es favorable, pero con reservas responsables: sí a la digitalización de pagos en casetas y gasolineras, siempre que antes se definan lineamientos de operación, incentivos suficientes y una aplicación sensata, gradual y verificable. De otro modo, una medida pensada para agilizar al país podría terminar exhibiendo, una vez más, las desigualdades con las que México entra a cada proceso de modernización.
