- REY ENIGMA
Por: Luis Fernando Reyes
México llega a la antesala del Mundial 2026 con una contradicción incómoda: por un lado, el gobierno federal presume organización, seguridad y capacidad para recibir al mundo; por el otro, profesores, campesinos y transportistas levantan la voz porque aseguran que sus demandas llevan años siendo escuchadas a medias o administradas con mesas de diálogo que no siempre terminan en soluciones.
El caso de los profesores, principalmente de la CNTE, no es nuevo. Su reclamo central gira en torno a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de reformas educativas que consideran lesivas, la desaparición de la USICAMM y mejores condiciones salariales y laborales. Incluso anunciaron un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, además de movilizaciones previas en Oaxaca desde el 25 de mayo.
El problema es que para el magisterio no basta con que el gobierno diga que “hay diálogo”. Lo que exigen son respuestas de fondo: pensiones dignas, estabilidad laboral y un modelo educativo que no los trate como piezas administrativas. La CNTE sostiene que la Ley del ISSSTE cambió el sistema solidario por cuentas individuales, lo que, desde su visión, redujo las posibilidades de una jubilación justa.
En el caso de los campesinos, el reclamo toca una fibra todavía más sensible: el campo mexicano frente a la competencia externa. Los productores de maíz y granos básicos señalan que los precios no alcanzan, que los insumos se encarecen, que las importaciones presionan a la baja sus cosechas y que el T-MEC les deja poco margen frente a productos extranjeros. Por eso algunos dirigentes han pedido excluir granos básicos del tratado comercial o modificar la política de importaciones.
El gobierno federal ya intentó desactivar parte del conflicto con un acuerdo de “precio justo” para el maíz blanco, compras anticipadas, descuentos en fertilizantes, semillas y plaguicidas, así como la participación de más de 80 empresas vinculadas a la comercialización formal del grano. El acuerdo contempla a 61 mil productores, 705 mil hectáreas y alrededor de siete millones de toneladas de maíz. Sin embargo, la duda es si ese pacto alcanza para resolver el fondo o solo sirve para apagar el fuego antes de que lleguen las cámaras internacionales.
Los transportistas, por su parte, apelan a una demanda básica: seguridad en carreteras. No se trata solo de costos de operación, casetas o permisos; el punto más delicado es que circular por ciertas rutas del país se ha convertido en un riesgo constante por asaltos, extorsiones y agresiones. Durante la megamarcha del 20 de mayo, la ANTAC y organizaciones campesinas exigieron al gobierno federal atender inseguridad, campo y comercialización de granos básicos.
La presión subió de tono cuando dirigentes transportistas hablaron de cierres carreteros y movilizaciones alrededor del Mundial. Incluso se mencionaron posibles bloqueos en accesos estratégicos y aeropuertos si no hay respuestas concretas. Ahí está el punto más delicado: cuando una demanda social solo avanza si amenaza con afectar un evento global, el problema ya no es solo de inconformidad, sino de confianza rota entre sectores productivos y gobierno.
Lo que se espera del gobierno federal no puede limitarse a pedir paciencia o llamar al diálogo. El diálogo sin calendario, sin acuerdos verificables y sin responsables termina siendo una forma elegante de patear el problema. En este caso, la administración federal necesita tres cosas: compromisos medibles, presencia real de las secretarías involucradas y cumplimiento público de acuerdos. Si los campesinos piden precios y reglas claras, no basta una foto en Palacio Nacional; si los transportistas piden seguridad, no basta una mesa con Guardia Nacional; si los maestros piden revisar pensiones, no basta responder con programas sociales.
Cabe destacar que el Mundial pone al país contra el reloj. México será sede junto con Estados Unidos y Canadá, y los partidos en territorio nacional tendrán atención internacional. De acuerdo con reportes recientes, las autoridades aseguran que la seguridad está garantizada, pero distintos sectores han amagado con protestas si sus demandas no se resuelven antes del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿solo así atienden? Porque si campesinos, profesores y transportistas sienten que el gobierno solo se mueve cuando hay amenaza de bloqueo, entonces el mensaje institucional es peligroso: quien no presiona, no existe. Eso erosiona la gobernabilidad y empuja a otros sectores a copiar la misma ruta.
Una protesta que llegue a los días del Mundial sería una gran mancha para la imagen internacional de México. No porque la protesta sea ilegítima, sino porque exhibiría que el país no logró resolver a tiempo conflictos acumulados. Sería mostrarle al mundo no solo estadios, aeropuertos y festivales, sino también carreteras bloqueadas, maestros en paro, campesinos inconformes y transportistas denunciando inseguridad.
Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en quienes protestan. El gobierno federal tiene la obligación de evitar que el Mundial se convierta en moneda de presión social, pero para lograrlo debe atender antes, no después; resolver de fondo, no administrar el enojo; y entender que la estabilidad no se construye con discursos, sino con acuerdos cumplidos.
Porque si México quiere lucirse ante el mundo, primero tiene que mirar hacia adentro. Ahí están los profesores, los campesinos y los transportistas recordando algo muy simple: no hay evento internacional que tape por completo los problemas nacionales cuando estos llevan demasiado tiempo esperando respuesta.
