- REY ENIGMA
Por Luis Fernando Reyes
Lo ocurrido con el calendario escolar no es un simple ajuste administrativo: es una muestra de improvisación política desde la Secretaría de Educación Pública. Mario Delgado y sus asesores salieron a vender como acuerdo nacional lo que hoy terminó reducido a “propuesta”, luego de que la propia Presidencia tuvo que poner freno al desorden generado por el anuncio.
La SEP informó que, por altas temperaturas y por el Mundial de Futbol, el ciclo escolar 2025-2026 concluiría el 5 de junio; además, planteó Consejo Técnico el 8 de junio, cierre administrativo el 12 de junio, dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto y arranque formal del nuevo ciclo el 31 de agosto. Todo, según la dependencia, acordado de manera unánime con autoridades educativas estatales.
El problema no es reconocer que hay escuelas sin condiciones dignas para enfrentar el calor. El problema es que, en lugar de admitir años de abandono en infraestructura educativa, ventilación, techumbres, agua potable y mantenimiento básico, la SEP optó por la salida más cómoda: mandar a millones de estudiantes a casa y trasladar el costo de la decisión a las familias.
Porque detrás de cada “vacación ampliada” hay madres y padres que trabajan, que no tienen con quién dejar a sus hijos, que deberán pagar cuidados, reorganizar horarios, pedir permisos, perder ingresos o cargar con una responsabilidad que el gobierno decidió desde un escritorio. La escuela no es guardería, pero tampoco puede ignorarse que cumple una función social fundamental en la vida diaria de millones de hogares.
La Unión Nacional de Padres de Familia rechazó la medida y advirtió que recortar entre cinco y siete semanas de clases agravaría el rezago educativo, además de señalar que la decisión se tomó sin consulta suficiente a padres, docentes y especialistas. También planteó alternativas como horarios escalonados, suspensión focalizada por regiones, apoyo tecnológico e infraestructura temporal.
Ahí está el punto central: sí había opciones. Pero para verlas se necesitaba planeación, no ocurrencias; sensibilidad social, no cálculo mediático; política educativa, no administración de calendario al ritmo del Mundial.
La justificación futbolera terminó por exhibir la fragilidad del anuncio. México tendrá partidos del Mundial en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, no en todo el país. Pretender que esa logística justifique un recorte nacional al calendario escolar es, cuando menos, una desproporción. Reuters también reportó que la reacción de asociaciones de padres fue de molestia, mientras la presidenta matizó que la propuesta aún no era definitiva.
En Hidalgo, el rechazo también apareció entre madres y padres de Pachuca, quienes señalaron posibles afectaciones económicas y rezago educativo ante el adelanto del cierre escolar.
Mario Delgado queda mal parado no solo por el contenido de la propuesta, sino por la forma. Primero se comunica como decisión tomada; después se dice que aún está en revisión; luego el propio secretario insiste en que la salida será el 5 de junio. Esa cadena de mensajes contradictorios revela falta de coordinación, falta de lectura social y, sobre todo, falta de respeto hacia las familias.
Una política pública seria no se anuncia para después corregirse en la mañanera. Una decisión educativa de alcance nacional no puede lanzarse sin explicar con precisión cuántos días efectivos se perderían, cómo se compensarían los aprendizajes, qué pasará con evaluaciones, cómo se atenderá a estudiantes con rezago y qué apoyos recibirán las familias trabajadoras.
La crítica no es contra las vacaciones ni contra el Mundial. La crítica es contra una autoridad educativa que parece más preocupada por cuadrar una agenda política y deportiva que por defender el derecho a aprender. Si el calor es el problema, que inviertan en escuelas dignas. Si el Mundial genera presión logística, que apliquen medidas focalizadas. Si el aprendizaje importa, que no improvisen con el calendario.
Mario Delgado y sus asesores deberían entender algo básico: gobernar la educación no es mover fechas como piezas de ajedrez. Cada día de clase perdido tiene rostro, nombre y consecuencia. Y cada decisión tomada sin escuchar a las familias termina cobrando factura política.
