- REY ENIGMA
Por Luis Fernando Reyes
El aumento de 20 por ciento al transporte público en Hidalgo abre una discusión que va mucho más allá de los dos pesos adicionales que pagará cada usuario. No se trata únicamente de pasar de 10 a 12 pesos por viaje, sino de preguntarse si el servicio que recibe la ciudadanía corresponde realmente al costo que ahora deberá asumir.
Es cierto que los transportistas enfrentan gastos cada vez más altos. El combustible, las refacciones, el mantenimiento y la operación diaria no cuestan lo mismo que hace algunos años. Negarlo sería simplificar demasiado un problema que también afecta a quienes viven del volante. Sin embargo, también es cierto que el usuario ha cargado durante años con un servicio que muchas veces no es digno, no es eficiente y no siempre es seguro.
Ahí está el punto de fondo: el aumento puede tener una justificación económica, pero no puede convertirse en un cheque en blanco para concesionarios y líderes del transporte. Si la ciudadanía va a pagar más, también tiene derecho a exigir más. Mejores unidades, rutas más ordenadas, operadores capacitados, respeto a las tarifas, horarios más confiables y una supervisión real por parte de la autoridad.
El problema es que en Hidalgo el transporte público arrastra viejas prácticas que no se resuelven únicamente con subir el pasaje. Durante años se ha hablado del acaparamiento de concesiones, de líderes que concentran rutas, de unidades en mal estado y de operadores que muchas veces trabajan bajo presión económica mientras otros se quedan con la mayor ganancia. En ese escenario, el incremento no necesariamente beneficia al chofer ni mejora el servicio; puede terminar fortaleciendo a los mismos grupos que han mantenido el sistema como está.
También queda pendiente el tema de los taxis, donde para muchos usuarios el cobro sigue siendo un dolor de cabeza. La falta de tarifarios claros permite abusos, cobros discrecionales y diferencias injustificadas por trayectos similares. Si el gobierno estatal ya reconoció que hay desorden en este servicio, entonces la regulación no puede quedarse para después ni limitarse a un anuncio. Debe aplicarse con reglas visibles y sanciones reales.
El aumento al transporte público puede entenderse, pero no debe normalizarse sin condiciones. La movilidad no es un lujo, es una necesidad diaria para estudiantes, trabajadores, madres de familia, adultos mayores y personas que no tienen otra opción para trasladarse. Cada peso adicional pesa más cuando el servicio no mejora.
Por eso, el verdadero reto para la autoridad no será anunciar la nueva tarifa, sino demostrar que puede ordenar un sistema que durante años ha operado con demasiadas tolerancias. Si el pasaje sube, también debe subir la calidad. Si el usuario paga más, también debe recibir más. Y si los concesionarios quieren cobrar una tarifa actualizada, entonces también deben aceptar una vigilancia más estricta.
Porque al final, el problema no es solo que el transporte cueste 12 pesos. El problema sería que cueste más y siga siendo el mismo.
