- Autoridades de EU señalaron al gobernador de Sinaloa y otros funcionarios; Rocha rechazó las imputaciones y acusó ataque político.
Por Redacción
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue señalado por autoridades de Estados Unidos dentro de una acusación relacionada con presuntos vínculos con líderes del Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas y delitos ligados a armas.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los acusados presuntamente conspiraron para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
ACUSACIÓN EN EU
En el caso también fueron mencionados Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, entre otros.
La Embajada de Estados Unidos en México, a través de una declaración atribuida al embajador Ron Johnson, indicó que tomó nota de la presentación de cargos penales y sostuvo que combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.
Asimismo, señaló que Estados Unidos continuará trabajando en coordinación con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer instituciones y promover la seguridad.
ROCHA RECHAZA CARGOS
Tras darse a conocer los señalamientos, Rubén Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al asegurar que carecen de veracidad y fundamento.
El mandatario sinaloense sostuvo que demostrará la falta de sustento de las acusaciones “en el momento oportuno” y afirmó que no se trata solo de un ataque contra su persona, sino contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
Rocha Moya también señaló que la acusación forma parte de una estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional. En su mensaje a la población de Sinaloa, aseguró que enfrentará el caso con “valor y dignidad”.
Por separado, Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, también rechazó los señalamientos en su contra y afirmó que no tienen fundamento. “En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”, publicó.
REACCIONES POLÍTICAS
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa fijó una postura institucional en la que recordó que en México rige el principio de presunción de inocencia y que cualquier solicitud relacionada con los señalamientos debe sujetarse a la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
En el plano político, el PAN afirmó que las acusaciones confirman una crisis de Estado en Sinaloa y planteó evaluar de inmediato la desaparición de poderes en la entidad como una medida ante lo que calificó como incapacidad de las autoridades locales.
El PRI, por su parte, utilizó los señalamientos para acusar a Morena de vínculos con el crimen organizado y exigió una investigación a fondo, así como la detención inmediata de los involucrados.
Hasta el momento, las autoridades señaladas han insistido en que las acusaciones deben analizarse bajo el debido proceso, mientras el caso escala como uno de los señalamientos más graves contra figuras políticas de Sinaloa en Estados Unidos.
