- Tras la denuncia por presunto peculado en Tulancingo hecha por el síndico hacendario Pedro Hiram Soto Márquez, salieron a la luz nombres de funcionarios supuestamente ligados al caso.
Por Catalina Martínez
Luego que la semana pasada en rueda prensa y en comunicado oficial Pedro Hiram Soto Márquez, síndico procurador hacendario del ayuntamiento de Tulancingo, denunció por el delito de peculado a la presidenta municipal Lorena García Cázares, se dio a conocer una lista de nombres de quienes supuestamente fueron beneficiados con más de 3 millones de pesos.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y los señalamientos también incluyeron al secretario particular de la alcaldesa Fernando Vite Licona y a quienes resulten responsables.
Estos hechos están asentados en la carpeta de investigación 12-2026-04645, con lo cual el síndico busca que se sancione penalmente a los responsables.
Soto Márquez fue uno de los promotores más activos para que la planilla presentada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ocupara la presidencia municipal de Tulancingo en las pasadas elecciones; sin embargo, ya en funciones ha dado a conocer supuestas irregularidades.
ACUSACIÓN PÚBLICA
En el relato de su comunicado oficial explica: “Después asumir funciones en el Ayuntamiento, en el mes de octubre y diciembre de 2024 se tuvieron varias votaciones relativas a las modificaciones del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024, ello tanto al interior de la Comisión de Hacienda como en el pleno del Ayuntamiento en el que algunos integrantes votamos en contra de esos dictámenes e hicimos públicas algunas irregularidades.
El día 17 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 15:00 horas, acudí junto con otros integrantes del Ayuntamiento a una reunión con un enviado de la presidenta municipal, quien entre otras cosas planteó que existía la solicitud de que le ayudara a destrabar las cosas en el Ayuntamiento, y planteó verbalmente el ofrecimiento de “un bono” de 200 mil pesos a cada integrante del Ayuntamiento que pudiera ser para apoyos sociales, gestión, o como aguinaldo, lo que cada quien decidiera. Se planteó también por parte del enviado la posibilidad de tener una reunión con la presidenta municipal Lorena García Cázares al día siguiente.
Manifesté que pensaría lo de la reunión con la presidenta y que no estaba de acuerdo con el “bono de gestión planteado”, como también lo hicieron otros compañeros. El enviado me pidió que considerara acudir a la reunión con la presidenta, decidí no acudir a la misma, pero tuve conocimiento que se realizó en la sala de juntas del Ayuntamiento el día 18 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 10:30 horas, ello, con los otros integrantes que habían votado en contra de los presupuestos, y tuve conocimiento que la presidenta municipal Lorena García Cázares mencionó de propia voz el ofrecimiento del bono de 200 mil pesos para los integrantes del Ayuntamiento”.
Y continúa: “A principios del año 2025 me enteré por voz de compañeros del Ayuntamiento que algunos ya estaban recibiendo el bono y que para ello tenían que hacerlo a través de terceras personas llevando credenciales de elector para ese efecto, sin embargo, ninguna evidencia tenía.
En los meses de julio, octubre y diciembre de 2025 cuando me comenzaron a pasar en físico la documentación para firma de la Cuenta Pública de 2025, me percaté que es a través de la partida de Apoyos y Ayudas a la Población 441001, de la Secretaría Particular de la presidenta municipal, a cargo del ingeniero Fernando Vital Licona, que estaban entregando de manera subrepticia el bono de 200 mil pesos a algunos integrantes del Ayuntamiento. Esto, de manera totalmente ilegal, opaca y en contravención a la correcta aplicación de recursos públicos.
La partida 441001, son asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales para personas de escasos recursos económicos, las mismas no revisten carácter permanente, los entes públicos las otorgan a personas u hogares para propósitos sociales. Se deberá tener etiquetado recurso y contar con Reglas de Operación correspondientes, en este caso no hay reglas de operación, por lo que su otorgamiento resulta discrecional, opaco e ilegal”.
El síndico hacendario refiere varias anomalías, como estudios socioeconómicos y falta de evidencia fotográfica:
“Esa forma de operar se ha convertido en una verdadera forma de sustraer y desviar recursos públicos de manera sistemática, opaca, irracional, ineficiente y sin criterios definidos para otorgar dicho apoyo, convirtiendo esa partida en una verdadera caja chica de la Secretaría Particular de la presidenta municipal, de personal de la Tesorería y de algunos integrantes del Ayuntamiento.
En otros casos ya no existe evidencia fotográfica de la entrega del dinero, lo que permite incluso que se falseen las solicitudes, pues basta que alguien firme en lugar del beneficiario, que se entregue copia del INE y CURP para recibir el dinero, y el supuesto beneficiario ni se entere.
Los mismos domicilios reciben varios apoyos, 11 domicilios concentran 38 apoyos; apoyos entregados a seis personas de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero; tres de Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo; uno con domicilio en Guanajuato; uno con domicilio en Tabasco, otra en Pachuca.
Caso totalmente atípico que rebasa toda lógica y excede el cinismo resulta el de dos hermanas y la madre de ellas que reciben en dos ocasiones apoyos 7 mil 500 pesos para las tres, posteriormente 8 mil 700 repartidas para las tres, una de ellas recibe 10 mil más mediante el programa mujer emprende y transforma, y finalmente fue contratada en la administración municipal en el mes de septiembre de 2025 como auxiliar.
Apoyos duplicados y triplicados en favor de la misma persona; a seis personas se les dio tres veces el apoyo y a 31 personas se les entregó dos veces el apoyo económico.
78 personas sin evidencia fotográfica de entrega del dinero; 87 apoyos entregados fuera de presidencia, existen evidencias de entrega de dinero a familiares directos de siete regidores del Ayuntamiento.
El quebranto al erario público municipal puede llegar a una cantidad cercana a los 4 millones de pesos anuales, es decir, en tres años de continuar ese desfalco representaría cerca de 12 millones de pesos.
Soy una persona convencida que le debemos a la sociedad de Tulancingo más obras, más acciones, cumplir con los servicios que obliga el artículo 115 de la Constitución, y que para ello se deben desterrar los actos de corrupción que laceran nuestro pueblo”.
PERSONAS SEÑALADAS
Tras la declaración referida, esta semana se ha expuesto que a una persona de nombre Esaul se liberaron 2 mil pesos porque dijo ser desempleado y no tener para los gastos domésticos, pero no se probó, mediante imagen del momento, que se le hubiera entregado el dinero; el domicilio en la colonia Huapalcalco que se anota a su nombre es el mismo que el de Sbethy, “madre soltera con dos pequeños y de bajos recursos”, que aparece como beneficiaria de otros 2 mil pesos.
En la misma situación se encuentra la persona de nombre Liliana, que recibió 3 mil 500 pesos para comprar material para un negocio de uñas; José Francisco, a quien ya no le dan empleo por ser adulto mayor y recibió mil 900 pesos; Catalina, mujer de escasos recursos beneficiaria de 3 mil 100 pesos; Edna, quien pide apoyo para comprar una vaporera y con ella poder vender tamales, por lo que supuestamente se le entregaron 2 mil pesos, o Luciana, que quiere emprender un negocio de antojitos, autorizado por el secretario particular con 2 mil 900 pesos.
Igualmente se señala que Pedro Canales Vega, regidor con licencia y ahora coordinador en Hidalgo de la Secretaría de Economía federal, también habría participado en el asunto del bono.
FUNCIONARIOS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS
De la partida 441001, de acuerdo con la denuncia presentada por Pedro Hiram Soto Márquez, se identificó a personas probablemente vinculadas familiarmente a integrantes del Ayuntamiento, como la regidora Abril Chávez Reyes, con “ayudas sociales” a nombre de Nohemi Reyes Soto (mamá) y Marco Antonio Chavez Tolentino (papá); el regidor Ángel Jack Tenorio Mendoza, que entre los beneficiarios se encuentra su papá Félix Horacio Tenorio Toriz.
De la asambleísta Catalina Lemus Salinas están Daniela Zuleyma Lemus Mendoza, Hugo Lemus Salinas, José Jorge Lemus Salinas, María Eugenia Lemus Salinas, Gustavo Adrián Flores Lemus, María Fernanda Flores Lemus y Luis Daniel Flores Lemus.
De la regidora Bronia Esperanza Vargas Ibarra están Yadira Vargas Tapia, Karla Isabel Cuanalo Vargas, Yadira Cuanalo Vargas, Carmen Salvador Vargas Ibarra, Nieves Vargas Ibarra (mamá) y Modesta Guadalupe Vargas Ibarra.
De la regidora Anay Castro Barrón están su mamá Maura Barrón Allende y su papá Anastacio Castro Rojas, así como Natalia Castro Rojas, Eulalia Castro Barrón, Juanita Castro Cruz, Rafael Castro Rojas, Juana Castro Allende y Marcela Allende Villa.
Por parte de Beatriz Adriana Elizondo Flores, con María Fernanda Rodríguez Elizondo, Giovana Mayte Zambrano Corte (auxiliar de la presidenta e hija de su esposo), Agustina Elizondo Flores, Jesús Elizondo Vega, Jesús Alberto Rodríguez Elizondo, Gabriel Zambrano López y Juan Carlos Zambrano López (director de panteones y su cuñado).
Del regidor Julio César Márquez Parrasales hay supuesto parentesco con ocho personas a cuyos nombres se expidieron cheques por ayudas sociales: Luis Daniel Márquez Osorio, Vania Guadalupe Parrasales Hernández, Bryan Rocardo Marquez Islas, José Alfredo Marquez Rosales, Gael Marquez Elizalde, Carlos Marquez Elizalde, Jonathan Arturo Santillan Parrasales y Hortencia Parrasales Ramírez.
También en la carpeta de investigación se menciona que hay 38 apoyos concentrados en 11 domicilios, ubicados en las colonias y fraccionamientos Lindavista, Jardines del Sur, Campo Alegre, Huapalcalco, San Nicolás, Carrillo Puerto y Atlalpan Santa Ana; además, en la calle Chiapas 200, Colonia Lindavista, hay cinco apoyos registrados.
