- EDICIÓN 123
Por Astillas
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Hidalgo parece tomar velocidad en varios frentes, entre ellos economía y movilidad. El estado presume un crecimiento económico de 8.2 por ciento y más de 147 mil millones de pesos en inversiones anunciadas, Julio Menchaca también plantea obras por más de 6 mil 100 millones para ampliar la México-Pachuca, crear una vía alterna al AIFA y mejorar la conexión con la Sierra y Huasteca. Los resultados podrán verse en el bolsillo y en el tráfico cotidiano.
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El caso de Mirna García López sigue abierto en el ámbito judicial. Autoridades judiciales determinaron la prescripción de la acción penal y con ello el sobreseimiento de la causa por abuso de confianza, el SNTE impugnó esa resolución mediante un juicio de amparo. Ahora será el Poder Judicial de la Federación el que determine si la decisión estatal se mantiene o debe modificarse. El proceso ha sido de desgaste y hay quienes perciben el uso de la justicia como herramienta de persecución.
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La renuncia de Jonnathan Pérez Ledezma abre un nuevo frente para Leodegario Hernández y la presidencia del TEEH, al señalar una presunta negativa de información al Órgano Interno de Control. Aunque la designación del contralor ya estaba impugnada y un proyecto del TEPJF plantea dejarla sin efecto, las acusaciones de falta de transparencia también deben aclararse. La autonomía del Tribunal no puede ser argumento para limitar la rendición de cuentas.
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Una discusión durante un partido de básquetbol en la Unidad Deportiva Municipal de Progreso de Obregón terminó en empujones y golpes, involucrando a jugadores y asistentes. El episodio refleja la falta de civismo de quienes participaron, pero también cuestiona la prevención de las autoridades municipales, que deben garantizar seguridad en espacios deportivos y evitar que una jornada familiar termine en violencia.
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Usuarios acusan falta de medicamentos e insumos en el Hospital Regional de la Huasteca, situación que no solo golpea a las familias, también puede abrir la puerta a abusos en comercios cercanos. Autoridades deben garantizar el abasto y, ante las denuncias de posibles sobreprecios, corresponde a las instancias competentes revisar estos establecimientos para evitar que la necesidad de los pacientes se convierta en un negocio desmedido.
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